En un país donde la memoria política suele ser frágil y la soberanía mediática no figura en las prioridades nacionales, la voz del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana irrumpe como un llamado urgente a repensar el papel de los medios y el precio que pagamos por las reformas del pasado. Desde la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de Tabasco, el legislador alzó la voz durante la más reciente Sesión Ordinaria para hacer una denuncia que va más allá de lo coyuntural: la entrega del espectro radioeléctrico a intereses privados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Con precisión histórica, Medina Filigrana recordó cómo, en 2014, la Ley Federal de Radio y Televisión fue abrogada para dar paso a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Dicha reforma, impulsada por el PRI y el PAN, abrió las puertas a una liberalización del espectro mediático sin precedentes. Lo que se vendió como modernización, fue en realidad una claudicación del Estado mexicano en uno de sus instrumentos más poderosos de soberanía: la narrativa nacional.
La gravedad de esta cesión no es teórica. Hoy, como advirtió el diputado tabasqueño, somos testigos de sus efectos concretos. Cadenas televisivas mexicanas, sin el menor escrúpulo, han replicado un mensaje emitido por la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, que criminaliza a los migrantes —entre ellos, nuestros connacionales— y que, de paso, vulnera el espíritu del artículo primero de nuestra Constitución, al normalizar un discurso de odio que atenta contra los derechos humanos.
El señalamiento es contundente: no se trata de juzgar a las autoridades estadounidenses por hacer política interna, sino de preguntarnos por qué los medios mexicanos actúan como bocinas del extranjero, aun cuando ello implique agredir a los propios mexicanos. Esta pasividad, o peor aún, complicidad mediática, es una de las consecuencias más perversas de las reformas neoliberales que aún nos pesan.
Marcos Rosendo no habla desde la teoría ni desde la comodidad de un juicio a toro pasado. Él fue parte de la legislatura federal en 2014 y se opuso a esa ley junto con un grupo minoritario de diputados que anticiparon el riesgo. Hoy, desde Tabasco, vuelve a poner el dedo en la llaga: cuando se entrega el control de los medios al mercado, se renuncia a la capacidad de proteger el tejido social y la dignidad nacional.
Este episodio no es menor. En tiempos de polarización, de migración forzada, de campañas electorales cruzadas por intereses mediáticos y económicos, el debate sobre quién controla lo que vemos y escuchamos es más vigente que nunca. No sería casualidad que los medios más poderosos silenciaran la crítica del legislador. No les conviene que se hable de la entrega del espectro radioeléctrico. Tampoco que se les cuestione acerca de la narrativa de los poderes fácticos.
Pero Marcos Rosendo lo hizo. Y al hacerlo, cumple una función vital: recordarnos que la soberanía no solo se defiende con fronteras y discursos patrióticos, sino con instituciones fuertes, memoria histórica y medios comprometidos con la verdad.
Porque como él bien lo dijo: lo que está en juego es el derecho de los mexicanos —todos— a no ser convertidos en enemigos dentro de su propia tierra.
