Por mayoría de tres votos a dos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó una resolución que sacude el debate sobre la promoción del voto en México. A partir de este fallo, instituciones públicas y servidores, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, podrán hacer llamados a la participación ciudadana en la elección judicial del 1 de junio, siempre y cuando no vulneren los principios de equidad y neutralidad constitucionales.
El fallo no solo responde a una coyuntura legal, sino que también abre la puerta a un terreno fértil para estrategias de marketing político, especialmente para el oficialismo.
Un fallo con implicaciones estratégicas
El TEPJF resolvió 44 asuntos ligados a impugnaciones promovidas por funcionarios y aliados de Morena, quienes rechazaron el acuerdo del INE que reservaba para sí la facultad exclusiva de promover la participación electoral. La votación favoreció el proyecto de los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y la presidenta del tribunal, Mónica Soto.
Soto, incluso, se burló de la postura del bloque minoritario —conformado por Reyes Rodríguez y Janine Otálora— que defendía la exclusividad del INE. Para ella, el enfoque de sus compañeros opositores invitaba al silencio institucional y social, justo en una elección donde por primera vez los ciudadanos elegirán directamente a miembros del Poder Judicial.
Marketing político disfrazado de civismo
Desde el punto de vista del marketing político, esta resolución se convierte en un recurso estratégico para el oficialismo. Aunque formalmente se trata de “promoción del voto”, el lenguaje, los canales y los emisores son clave para moldear narrativas. Una campaña de fomento a la participación, si es bien orquestada, puede convertirse en una herramienta para reforzar la imagen positiva de actores políticos, bajo el cobijo de la legalidad.
Este tipo de comunicaciones pueden jugar con recursos de storytelling, usar la identidad partidista como vehículo y apropiarse del discurso de derechos ciudadanos para movilizar al electorado. En manos del aparato institucional, esto representa una oportunidad para ampliar el alcance del mensaje político y legitimar al gobierno de forma indirecta.
El juego de la percepción
El magistrado Felipe Fuentes fue claro al afirmar que “una democracia sin información es una democracia vacía”. Bajo esa lógica, la promoción de la elección no debe ser restringida. Sin embargo, la línea entre informar y beneficiar políticamente es sumamente delgada. Aquí es donde se activa la teoría del framing en comunicación política: quien encuadra primero la narrativa, define el tono del debate.
La resolución permite a figuras políticas como Sheinbaum aparecer como promotoras del derecho a votar, ganando legitimidad frente a la ciudadanía. Pero también plantea un riesgo para la equidad en la contienda electoral si estos llamados se disfrazan de civismo cuando en realidad están diseñados como propaganda indirecta.
Psicología del mensaje y legitimación simbólica
Desde la teoría psicológica de la persuasión periférica (Petty & Cacioppo), los ciudadanos tienden a aceptar mensajes cuando provienen de figuras de autoridad. Esto significa que una invitación al voto hecha por una presidenta tiene más peso emocional que un spot institucional del INE. La resolución del TEPJF, en la práctica, habilita ese juego de influencias, convirtiendo la figura presidencial en un portavoz legítimo y emocionalmente efectivo.
Además, apela al principio de consistencia: si la presidenta ya es reconocida como una defensora de la democracia participativa, reforzar ese papel mediante campañas de promoción fortalece la percepción positiva. Así, se siembra la idea de que quien está en el poder también es garante de derechos, cerrando la pinza entre acción institucional y narrativa electoral.
¿oportunidad o trampa democrática?
La decisión del TEPJF abre un nuevo campo de juego para la comunicación política, pero también plantea desafíos éticos importantes. En el mejor de los escenarios, podría fortalecer la participación y empoderar a la ciudadanía. En el peor, podría derivar en un uso institucional de la comunicación para favorecer al partido en el poder, disfrazado de legalidad.
Nuestro pronóstico
- Panorama positivo: Las campañas de promoción se mantienen dentro del marco legal, fomentan el conocimiento cívico, y más ciudadanos participan de forma informada. La percepción pública mejora y se fortalece la democracia.
- Panorama catastrófico: El mensaje se manipula con fines propagandísticos, se desdibuja la neutralidad institucional, y se erosiona la confianza ciudadana al percibir parcialidad. El proceso pierde credibilidad y se judicializa aún más.
Este episodio será clave para entender cómo se ejerce el poder simbólico en la nueva era de la democracia mexicana.
